Se atrincheró en su casa con sus padres para defender lo que considera suyo. El ex campeón mundial de lucha libre John Trujillano adoptó ayer tal medida como último recurso, y evitó -no se sabe por cuánto tiempo- la ejecución de una orden de desalojo dictada por un juzgado del Cono Norte que prácticamente lo ha sentenciado a quedarse en la calle.El laureado deportista que dejó en alto los colores patrios compitiendo en exigentes torneos internacionales encara ahora un tremendo drama familiar, pues está a punto de perder el inmueble que ocupa con sus progenitores en Comas.
Barricadas humanas
"Soy pobre, pero no tolero abusos", afirma resuelto John y añade: "resistiremos hasta el final, sólo exigimos justicia".
Con la pujanza de sus mejores años, no se rinde pese al adverso fallo y continúa en la lucha.
Sus vecinos lo apoyan. Lo demostraron ayer formando barricadas humanas para frenar la arremetida de la policía que acudió a la cuadra 37 de la avenida Túpac Amaru con el fin de hacer cumplir el mandato judicial.
El problema por el cual John y sus padres corren el riesgo de perder el único bien inmueble que poseen, fruto de años de sacrificio, se remonta a 1997.
Préstamo ajeno
José Rosas -abogado de la familia- aseguró que doña Bernardina Apolinario, madre del ex campeón, fue sorprendida por el ciudadano José Menardo Torres Quinte, quien contrajo una deuda por US$ 12,900 con terceros, e hizo firmar a la dama documentos en los que ponía como garantía hipotecaria su vivienda.
El mencionado individuo incumplió con los pagos pactados, razón por la cual, quien le facilitó el dinero entabló demanda ante el 8º Juzgado Civil del Cono Norte para ejecutar la hipoteca.
Lo hizo luego de falsificar la firma del esposo de doña Bernardina -Gregorio Trujillano Alejo- copropietario de la vivienda en litigio.
El abogado manifiesta que peritos grafotécnicos de la División de Criminalística comprobaron que la segunda firma fue fraguada en la escritura pública y en la minuta.
Dijo, además, que se demostró fehacientemente que don Gregorio no pudo haber firmado los documentos, porque en ese entonces estaba confinado por un delito menor en el penal de Picci, Chiclayo.
Nulidad de sentencia
Debido a ello -agrega- presentó un recurso de nulidad ante el 10º Juzgado Civil de Lima, que preside la magistrada Margarita Grados Grados, quien, luego de evaluar las pruebas irrefutables, declaró sin efecto la orden de desalojo dispuesta por la jueza del Cono Norte, Hilda Huerta.
No obstante -desacatando la sentencia definitiva- la última de las nombradas acudió ayer, en horas de la mañana, hasta la casa de la Av. Túpac Amaru Nº 3736 para hacer cumplir su fallo. Apeló a la fuerza pública, movilizando a una veintena de efectivos policiales.
La situación llegó a extremos cuando, desesperada, doña Bernardina, que se hallaba con sus parientes atrincherada en el segundo piso del predio, amenazó con saltar a la calle.
Se le escuchó gritar y llorar desconsoladamente. Quienes observaron a la dama temieron lo peor.
Aquellas escenas conmovieron a los vecinos, que reaccionaron con ira ante el aparente abuso. Los desmanes registrados en el exterior desencadenaron la suspensión temporal del desalojo.
la Repùblica 2002
Barricadas humanas
"Soy pobre, pero no tolero abusos", afirma resuelto John y añade: "resistiremos hasta el final, sólo exigimos justicia".
Con la pujanza de sus mejores años, no se rinde pese al adverso fallo y continúa en la lucha.
Sus vecinos lo apoyan. Lo demostraron ayer formando barricadas humanas para frenar la arremetida de la policía que acudió a la cuadra 37 de la avenida Túpac Amaru con el fin de hacer cumplir el mandato judicial.
El problema por el cual John y sus padres corren el riesgo de perder el único bien inmueble que poseen, fruto de años de sacrificio, se remonta a 1997.
Préstamo ajeno
José Rosas -abogado de la familia- aseguró que doña Bernardina Apolinario, madre del ex campeón, fue sorprendida por el ciudadano José Menardo Torres Quinte, quien contrajo una deuda por US$ 12,900 con terceros, e hizo firmar a la dama documentos en los que ponía como garantía hipotecaria su vivienda.
El mencionado individuo incumplió con los pagos pactados, razón por la cual, quien le facilitó el dinero entabló demanda ante el 8º Juzgado Civil del Cono Norte para ejecutar la hipoteca.
Lo hizo luego de falsificar la firma del esposo de doña Bernardina -Gregorio Trujillano Alejo- copropietario de la vivienda en litigio.
El abogado manifiesta que peritos grafotécnicos de la División de Criminalística comprobaron que la segunda firma fue fraguada en la escritura pública y en la minuta.
Dijo, además, que se demostró fehacientemente que don Gregorio no pudo haber firmado los documentos, porque en ese entonces estaba confinado por un delito menor en el penal de Picci, Chiclayo.
Nulidad de sentencia
Debido a ello -agrega- presentó un recurso de nulidad ante el 10º Juzgado Civil de Lima, que preside la magistrada Margarita Grados Grados, quien, luego de evaluar las pruebas irrefutables, declaró sin efecto la orden de desalojo dispuesta por la jueza del Cono Norte, Hilda Huerta.
No obstante -desacatando la sentencia definitiva- la última de las nombradas acudió ayer, en horas de la mañana, hasta la casa de la Av. Túpac Amaru Nº 3736 para hacer cumplir su fallo. Apeló a la fuerza pública, movilizando a una veintena de efectivos policiales.
La situación llegó a extremos cuando, desesperada, doña Bernardina, que se hallaba con sus parientes atrincherada en el segundo piso del predio, amenazó con saltar a la calle.
Se le escuchó gritar y llorar desconsoladamente. Quienes observaron a la dama temieron lo peor.
Aquellas escenas conmovieron a los vecinos, que reaccionaron con ira ante el aparente abuso. Los desmanes registrados en el exterior desencadenaron la suspensión temporal del desalojo.
la Repùblica 2002
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